Contrato con Colina deberá ser devuelto al Ejecutivo Municipal

Jorge Montecinos 2018-08-01
PRESIONES. Pese a las "presiones", el concejal Juanito Angulo, presidente de la Comisión Jurídica, objetó el proceso de contratación señalando una decena de aspectos que "contravienen las normas de contratación del Estado".

Debido a las observaciones al nuevo contrato efectuadas por la Comisión Jurídica, presidida por el concejal por el MAS Juanito Angulo, la documentación deberá ser devuelta por el Concejo al Ejecutivo edil, con el fin de que los puntos observados sean subsanados.
Las observaciones realizadas al proceso de contratación son las siguientes:
- Una licitación pública internacional requiere de mayor publicidad, para que empresas internacionales se presenten a la convocatoria y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) sólo la publicó en el Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES).
- El proyecto "Tratamiento y disposición final de residuos solidos, localización distrital" no está inscrito en el POA 2018 y mucho menos en el Programa Anual de Contrataciones (PAC), tal cual exigen las normas SABS Decreto Supremo 181; haciendo evidente que el proyecto no cuenta con la solvencia presupuestaria para su ejecución y que seria una contravención, que ocasionaría la nulidad de todo el proceso de contratación.
- No existe un estudio de costos, que haya definido el precio por tonelada métrica con respaldo de cotizaciones e informes de otras ciudades y países, por servicios similares.
- El Documento Base de Contratación (DBC) es poco claro y se descalificó a la empresa TERSA y su propuesta, sin una sustentación técnica jurídica y acorde al DBC.
- Existen ampliaciones de cronograma de plazo de manera irregular, extralimitando las funciones del RPC, quien sólo podía ampliar plazo por dos motivos: para presentación de propuestas y presentación de documentos. Son cinco ampliaciones que implican irregularidades y no son concordantes con el artículo 33 del DS 181.
- Resolvieron una impugnación que no adjuntaba la boleta de garantía, requisito "sine quanon" (indispensable), para este tipo de actos administrativos.
- El GAMEA no cuenta con el derecho propietario de 45 hectáreas, donde se deberá ejecutar la concesión del servicio del tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Se desconoce cómo iniciaron este proceso de concesión, cuando no se tiene el derecho propietario del área a intervenirse.
- Existe intromisión en el proceso de contratación por parte de la jefa de Gabinete de la Alcaldesa, que no es parte del proceso de contratación, pero que ocasionó dilación en el proceso.
- Las especificaciones técnicas establecen que el costo por el servicio será actualizado semestralmente al valor de la UFV y esas especificaciones son de cumplimiento obligatorio si se aprobaría el contrato.
Al respecto, Angulo explicó que no quedó otra alternativa que devolver el trámite al Órgano Ejecutivo, "pues existen observaciones de fondo, que deberán ser justificadas o, en caso contrario y de evidenciarse estas observaciones, dejar sin efecto el proceso de contratación".
"No podemos invertir 540 millones de bolivianos, sin la seguridad jurídica necesaria y en lugar de ayudar, perjudicar a la población con un daño económico", enfatizó Angulo.

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