Juez negó permiso laboral a Calderón y no podrá volver al Concejo Municipal <br>

Jorge Montecinos 2018-07-12
BANCADA. Cuatro concejales de la bancada de Unidad Nacional pagaron, cada uno, 500 dólares a la víctima de de Edgar Calderón a cambio del retiro de la denuncia contra éste. La negociación fue realizada por el diputado Rafael Quispe, que –según el abogado del afectado- "pasó de denunciante a mediador".

Pese a que sus compañeros de bancada de Unidad Nacional (UN) pagaron parte de los 12.000 dólares acordados a la víctima para que retire su denuncia en contra del suspendido concejal por ese partido Edgar Calderón; éste no podrá retornar aún a su curul en el Concejo Municipal de El Alto, debido a que el juez tercero en lo Penal Cautelar de esa urbe, Juvenal López, le negó la solicitud para ese fin.
La negativa judicial fue expresada por el juez López en la resolución que dictó este miércoles, luego de cuatro horas de audiencia, cuando explicó que Calderón no precisó la fuente laboral para la que solicitaba autorización de salida.
"Debido a que el acusado Edgar Calderón no acreditó la fuente laboral para la que solicita autorización de salida de la detención domiciliaria que cumple; es decir, no se sabe si volvería a su trabajo como profesor de biología o de concejal; el suscrito juez rechaza la solicitud de permiso laboral presentada por el imputado", manifestó la autoridad judicial.
Calderón había presentado la solicitud para que el juez le otorgue salida laboral, luego de que cuatro de sus compañeros de bancada de UN del Concejo Municipal aportaran, cada uno, a 500 dólares, para el pago de parte de lo adeudado por el suspendido legislador al taxista afectado Oscar Mariaca Burgoa, por daños y perjuicios, a cambio de que este retire su denuncia contra el ahora procesado.
El 29 de septiembre, Calderón había chocado el vehículo oficial del municipio que conducía en estado de ebriedad, contra el taxi de Mariaca, provocando daños en ambos motorizados.
El hecho se produjo en horas de la noche de un viernes, cuando Calderón, luego de chocar contra el taxi, intentó darse a la fuga en la camioneta del municipio, sin lograrlo, porque incrustó el vehículo oficial en una cuneta, agravando más aún su situación y los daños en el motorizado.
Por el caso, Calderón fue suspendido del cargo de concejal y procesado en la justicia por uso indebido de bienes del Estado y conducción peligrosa. Fue remitido con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, pero después salió con medidas sustitutivas, al habérsele otorgado detención domiciliaria.
El proceso contra Calderón fue iniciado no sólo a denuncia de la víctima Oscar Mariaca, sino también del diputado por su partido Rafael Quispe Flores, quien en las últimas semanas "pasó de denunciante a mediador", según lo expresado por el abogado del afectado Herlan Cabrera, cuando el diputado acudió con el dinero a negociar con la víctima para que, a cambio del pago, presente su desistimiento.
El objetivo de que Calderón consiga autorización laboral es que éste retorne a su curul en lugar de su suplente Marcelo Fernández, actualmente en el cargo y presidiendo el Legislativo edil; lo que permitiría que UN recobre paralelamente el control del Concejo Municipal, razón por la que, según el abogado Herlan Cabrera, del taxista afectado; los concejales de ese partido pagaron a la víctima, a cambio de que retire su denuncia.
Además, Calderón enfrentará este viernes nuevamente al juez, en la audiencia de ampliación de riesgos procesales interpuesta por el ciudadano alteño Guillermo Chávez, luego de que se supiera y confirmara el pago de los compañeros del suspendido concejal a la víctima, para que retire su denuncia, lo que dejó en evidencia -según el nuevo denunciante- la existencia de "obstaculización de justicia", por lo que se pide que el suspendido legislador sea remitido a la cárcel con detención preventiva, una vez más.

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