El incumplimiento a la cuarentena total tendrá sanción de uno a 10 años de cárcel

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este miércoles, mediante comunicado, que las personas que incumplan con la cuarentena total por el brote del coronavirus en el país serán sancionados con uno a 10 años de cárcel por incurrir en delitos contra la salud pública. Además, los funcionarios públicos que cometan acto de incumplimiento de deberes, pese a la emergencia sanitaria, serán, también, privados de libertad.

El Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020 establece que, en resguardo estricto al derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas y bolivianos, se declara cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia a partir de las 00:00 del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el sábado 4 de abril de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional contra el contagio y propagación del coronavirus.

La norma también determina que los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia deberán permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total. Solo podrá realizar desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia en el horario de la mañana de 07:00 a 12:00 del mediodía, a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en las cercanías de su domicilio o residencia.

Código Penal

Artículo 216. (DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA). Incurrirá en privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, el que:

1) Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias.

9) Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población.

Artículo 154. (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años.

La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.

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