Semanario Los Andes

Senadora Copa: Ahora debemos insistir en la extradición

Jorge Montecinos 2018-04-04
La senadora de El Alto por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Eva Copa calificó de "positivo" el fallo contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, quienes deberán compensar con el pago de 10 millones de dólares a familiares de víctimas de octubre de 2003; y agregó que "ahora debemos insistir en la extradición", de las exautoridades.

La senadora de El Alto por el MAS Eva Copa calificó de "positivo" el fallo en una corte de Estados Unidos contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, quienes deberán pagar 10 millones de dólares a los familiares de víctimas de octubre de 2003; pero agregó que "ahora debemos insistir en la extradición" de ambas exautoridades, para que se defiendan de la acusación de genocidio ante la justicia boliviana.
"El veredicto emanado de la Corte de Fort Lauderdale es positivo. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín deben pagar por la masacre de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto. Con la compensación económica no se cierra el caso. al contrario. es un paso más para insistir y concretar su extradición, en el marco de la justicia", manifestó la senadora alteña.
Agregó que el juicio civil instaurado por familiares de víctimas de la masacre de octubre fue "memorable". Consideró, sin embargo, que el hecho de que se haya determinado que ambas autoridades paguen una compensación económica de 10 millones de dólares estadounidenses, "no es suficiente".
"No podemos conformarnos sólo con esa compensación económica. Estamos hablando de vidas humanas que se perdieron durante la masacre (octubre de 2003) y ese delito y sus autores no pueden quedar en la impunidad por más tiempo", concluyó Copa.
Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín fueron presidente y ministro de Defensa de Bolivia, respectivamente, en octubre de 2003; cuando se produjo la masacre del gas. La población de la ciudad de El Alto, que había salido a las calles a expresar su rechazo a la exportación de gas boliviano, a través de puertos chilenos; fue reprimida con armas y munición de guerra por fuerzas militares, lo que dejó más de 60 fallecidos y al menos 400 heridos en la urbe altera y localidades próximas.
Por esos hechos, ambas exautoridades son acusadas de genocidio, pero no pudieron ser sometidas a la justicia boliviana, por haber huido a los estados Unidos, donde permanecen hace casi 15 años, eludiendo la justicia de Bolivia.


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