El fiscal se querellará por rebelión contra Puigdemont y Forcadell

El ministerio público tiene previsto registrar este lunes dos querellas contra el Govern destituido y la Mesa del Parlament.

La Fiscalía General del Estado ha decidido este domingo que la anunciada querella por rebelión por el proceso que desembocó en la declaración de independencia de Cataluña del pasado viernes no se registre solamente en el Tribunal Supremo, como estaba previsto inicialmente, sino que las acciones penales se interpongan también en la Audiencia Nacional.

Fuentes del ministerio público se plantean que en el alto tribunal se denuncie a los responsables de la declaración que aún gozan de aforamiento, como los miembros de la Mesa del Parlament, encabezados por Carme Forcadell, que dieron trámite a la votación de la independencia. Tras disolver la Cámara el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través del artículo 155 de la Constitución, los miembros de la Mesa permanecen en la Diputación Permanente, y por lo tanto, mantienen el fuero. Con Forcadell, votaron a favor de tramitar la resolución el vicepresidente de la Cámara, Lluís Guinó (JxSí); la secretaria primera, Anna Simó (JxSí); el secretario tercero, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot); y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet (JxSí).

En la Audiencia Nacional, único tribunal competente, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, para investigar y enjuiciar los delitos de rebelión en el caso de personas no aforadas, podrán quedar querellados el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern destituidos por Rajoy el viernes por la vía del artículo 155.

Desde que el viernes el Parlamento catalán votó y aprobó la resolución de Junts pel Sí y la CUP que declaraba la independencia, y el Gobierno central intervino la autonomía la Fiscalía ha vivido un debate interno sobre cómo actuar penalmente contra los responsables del intento de secesión. Inicialmente se planteó que la querella por rebelión –delito penado hasta con 30 años de prisión- se registrara solo en el Supremo y que la competencia sobre los aforados arrastrara la causa de los no aforados. Sin embargo, tras la aplicación del 155, en el ministerio público se inclinaban este domingo por separar las causas.

Los líderes independentistas, con Puigdemont al frente, han insistido en su intención de alcanzar la independencia siempre por vías pacíficas. Sin embargo, aunque la ley pone la violencia como requisito de la rebelión, la jurisprudencia introduce matices.

   
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